Marco Jurídico del Agua hacia una Ley General de Aguas en México
Héctor Herrera Ordóñez
Doctor en Derecho & Socio Fundador de Herrera y Sato, S.C.
Expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogado
Socio IOS desde 2018
El libro introduce al lector en el complejo mundo del derecho humano al agua, valiéndose de elementos fácticos relacionados con el agua, los diversos aspectos que integran el marco jurídico aplicable, considerando los precedentes tanto nacionales como internacionales, a fin de delimitar el mandato constitucional para emitir una Ley General de Aguas que regule el derecho humano al agua (para uso personal y doméstico) y al saneamiento.
¿CUÁLES SON LOS RETOS DEL AGUA EN EL MUNDO?
200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. (OMS/UNICEF 2019).
Casi 2,000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua (OMS/UNICEF 2020).
Más de la mitad de la población – 4,200 millones de personas - carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (WHO/UNICEF 2019).
2,000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua (UN 2019).
El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR).
El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO, 2017).
La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO).
La falta de agua potable en el mundo mata a 780 mil personas al año.
¿CUÁLES SON LOS RETOS DEL AGUA EN MÉXICO?
Una demanda que crece exponencialmente, derivado del crecimiento poblacional y el mayor desarrollo económico.
La desigual distribución del agua en el tiempo y en el espacio.
Una disponibilidad real menor, motivada por la contaminación de las aguas.
Un uso ineficiente y no sustentable del agua en diferentes sectores de usuarios.
Monterrey y sus habitantes no están solos en la desgracia. Las malas condiciones hídricas que hoy sufren ocurren en otras regiones. Las cifras dan cuenta del gran problema en el que estamos metidos: según el “Monitor de Sequía en México” de la CONAGUA, al cierre de mayo de 2022, más de 70% del territorio experimentaba una fase de sequía moderada o alta; 22 estados tienen ya problemas de desabasto y, de estos, 16 registran desabasto extremo. La UNAM estima que, aproximadamente 95 mil niños menores de cinco años de edad mueren al año por consumir agua no debidamente potabilizada en México.
¿Cómo se pueden atender los retos del agua en México?
Urge la expedición de la Ley General de Aguas para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento, y con ello prevenir miles de muertes y enfermedades, particularmente de niños menores de cinco años en nuestro país.
¿En qué consiste el derecho humano al agua?
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, adoptó la Observación General No. 15 sobre el derecho humano al agua, definiéndolo como: “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”
El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Art. 4º de Constitución, por la que se adicionó un sexto párrafo a dicha artículo, reconociendo el derecho humano al agua en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”
El libro introduce al lector en el complejo mundo del derecho humano al agua, valiéndose de elementos fácticos relacionados con el agua, los diversos aspectos que integran el marco jurídico aplicable, considerando los precedentes tanto nacionales como internacionales, a fin de delimitar el mandato constitucional para emitir una Ley General de Aguas que regule el derecho humano al agua (para uso personal y doméstico) y al saneamiento.
